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miércoles, 30 de abril de 2008

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TODOS TIENEN CULTURA:
¿QUIÉNES PUEDEN DESARROLLARLA?*

Néstor García Canclini**


Encuentro dos puntos de partida para hablar hoy de cultura y desarrollo. Uno es el más
habitual en los trabajos recientes sobre el tema. Consiste en recordar que la cultura no es
vista ahora como un bien suntuario, una actividad para los viernes a la noche o los
domingos de lluvia, en la cual los gobiernos tienen que gastar, sino un recurso para atraer
inversiones, generar crecimiento económico y empleos. Los científicos sociales tratamos de
llamar la atención de los gobernantes mostrándoles que en los Estados Unidos la industria
audiovisual ocupa el primer lugar en los ingresos por exportaciones con más de 60.000
millones de dólares, o que en varios países latinoamericanos abarca del 4 al 7 por ciento del
PIB, más que el café pergamino en Colombia, más que la industria de la construcción, la
automotriz y el sector agropecuario en México. Podemos dejar de concebir a los ministerios
de cultura como secretarías de egresos y comenzar a verlos como fábricas de regalías,
exportadoras de imagen, promotoras de empleos y dignidad nacional.

El otro lugar desde donde pueden enfocarse los vínculos entre cultura y desarrollo es el de
la desigualdad y la penuria. Leemos que decenas de miles de los 230.000 muertos en el
sureste asiático podrían haberse salvado si hubieran tenido más información oportuna sobre
el tsunami, sea por la educación, mejor comunicación del alerta meteorológico o por
haberse instruido con programas como el de Discovery Channel que permitió a un pescador



*Conferencia para el Seminario sobre Cultura y Desarrollo, en el Banco Interamericano de Desarrollo,
Washington, 24 de febrero de 2005.
∗∗Profesor Distinguido y Director del Programa de Estudios sobre Cultura Urbana, de la Universidad
Autónoma Metropolitana de México.

avisar con tiempo a 1,500 habitantes costeros. Las estadísticas sobre los usos de las
tecnologías revelan que este tipo de desigualdades tienen efectos cotidianos: Internet nos
acerca y vuelve simultáneas vidas lejanas, pero como 20 por ciento de la población mundial
acapara más de 90 por ciento del acceso ahonda la brecha entre ricos y pobres. Los medios
masivos y la informática permiten imaginar que vivimos en la sociedad del conocimiento,
pero la cumbre sobre este asunto realizada en Ginebra, en diciembre de 2003, registró que
97 por ciento de los africanos no tienen acceso a las nuevas tecnologías de información y
comunicación, mientras Europa y Estados Unidos concentran 67 por ciento de los usuarios
de Internet. América Latina, que cuenta con 8 por ciento de la población mundial y
contribuye con 7 por ciento del PIB global, participa en el ciberespacio sólo con 4 por
ciento. El bajo porcentaje de hosts, de computadoras y de acceso a Internet, explica un
informe de la CEPAL, es causa y síntoma de nuestro rezago y escasa visibilidad cultural en
los diálogos mediáticos globales y en los espacios públicos internacionales: “estar afuera de
la red es estar simbólicamente en la intemperie o en la sordera”. (Hopenhayn, 2003:13-14).

Por un lado, la cultura como potente motor de desarrollo. Por otro, las culturas como
pretexto para marcar las diferencias y a menudo para discriminar. Los bienes culturales dan
continuidad a lo que somos, pero a veces hacen que nos vean como un paquete de estigmas.
En ciertos casos, la literatura, la música y la televisión sirven para contar y cantar lo que
nos aflige, y en otros para diluir en ensoñaciones colectivas expectativas que las
frustraciones del desarrollo cancelan. No sólo hay que elogiar a la cultura, menos aún en un
tiempo en que erige prestigios y fortunas con el mismo vértigo con que las derrumba, como
sucede en la nueva economía. Quiero hablar de la cultura con pudor, como de una riqueza
fascinante y arriesgada. Voy a hacerlo a través de tres hipótesis que buscan describir
dilemas estratégicos de la actualidad y proponen relaciones más productivas entre cultura y
desarrollo.

1. Desarrollar la cultura en las sociedades contemporáneas, multiculturales y densamente
interconectadas, no puede consistir en privilegiar una tradición, ni simplemente
preservar un conjunto de tradiciones unificadas por un Estado como “cultura
nacional”. El desarrollo más productivo es el que valora la riqueza de las diferencias,
propicia la comunicación y el intercambio – interno y con el mundo – y contribuye a
corregir las desigualdades.

La segunda mitad del siglo XX mostró que frecuentemente las políticas homogenizadoras
son improductivas y generan ingobernabilidad. La unificación fundamentalista de los
Estados ha ido perdiendo consistencia: los gobernantes descubren que su desempeño
estable y fecundo depende de trabajar con la mayoría y con las minorías. Al mismo tiempo,
se deja atrás la simple estandarización del consumo buscada por la masificación de los
mercados en la primera etapa de industrialización de las comunicaciones. Muchas
corporaciones transnacionales, desde Hollywood hasta MTV, para expandirse buscan, más
que multiplicar el mismo producto, atender los variados gustos de etnias y naciones,
distintas maneras de concebir la familia y elaborar sus crisis en adultos y jóvenes, diversas
concepciones de la memoria y del cuerpo.

El mayor riesgo actual no es la imposición de una única cultura homogénea, sino que sólo
encuentren lugar las diferencias comercializables y que la gestión cada vez más
concentrada de los mercados empobrezca las opciones de los públicos y su diálogo con los
creadores. Conocemos repertorios musicales, literarios y audiovisuales de más culturas que
en otras épocas, pero perdemos protección sobre la propiedad intelectual, o los derechos de
difusión se concentran en unas pocas corporaciones, especialmente en los campos musical
y audiovisual.

Desde la década de 1990, seis empresas transnacionales se apropiaron del 96% del mercado
mundial de música (las majors EMI, Warner, BMG, Sony, Universal Polygram y Phillips)
y compraron pequeñas grabadoras y editoriales de muchos países latinoamericanos,
africanos y asiáticos. El poder de difusión mundial de estas empresas facilita que músicas
de una nación sean conocidas en muchas otras, pero su selección es más mercantil que
cultural y suele privar de sus derechos intelectuales a los creadores. El antropólogo José
Jorge de Carvalho advierte que obras célebres de la música popular y docenas de discos –
resultados de investigación de campo y registro sonoro etnográfico de géneros tradicionales
brasileños – realizados por la Discos Marcus Pereira, fueron vendidos con todo el acervo de
esta editora a Copacabana Discos, que después fue comprada por EMI, posteriormente
vendida a Time Warner y últimamente adquirida por AOL. Hasta Hermeto Paschoal y
Milton Nascimento, para tocar sus obras en conciertos tienen que pedir permiso a las
majors que disponen de sus derechos si no quieren caer en la ilegalidad de ser denunciados
pirateándose a sí mismos. (Carvalho, 2002)

Más que la homogenización, los nuevos riesgos son la abundancia dispersa y la
concentración asfixiante. Ante la diseminación y dispersión de las referencias culturales, las
megacorporaciones intentan controlar la circulación de bienes culturales mediante tarifas
preferenciales, subsidios, dumping y acuerdos regionales inequitativos. La
multiculturalidad, reconocida en el menú de muchos museos, de empresas editoriales,
discográficas y televisivas, es administrada con un sistema de embudo que se corona en
unos pocos centros del norte. Las nuevas estrategias de división del trabajo artístico e
intelectual, de acumulación de capital simbólico y económico a través de la cultura y la
comunicación, concentran en Estados Unidos, Europa y Japón las ganancias de casi todo el
planeta y la capacidad de captar y redistribuir la diversidad.

2. ¿Qué tipo de prácticas culturales pueden contribuir a que el desarrollo sea
sustentable? ¿Qué tipo de desarrollo socioeconómico y político puede dar más
sustentabilidad a la cultura? La clave es que las políticas garanticen la diversidad
cultural e intercambios más equitativos entre las metrópolis con fuerte control de los
mercados y los países con alta producción cultural pero económica y tecnológicamente
débiles.

Es cierto que la cultura no es hoy, predominantemente, lugar de gastos y subsidios. Genera
ganancias enormes. Pero la producción de espectáculos y programas para medios
audiovisuales masivos requiere abultadas inversiones. Esta es una de las razones por las
cuales los Estados se concentran en administrar el patrimonio histórico y estimular las artes
de bajo costo (becas para escritores y artistas individuales, obras de teatro, revistas), y dejan
a empresas privadas la televisión, el cine y la gestión de las redes electrónicas. También los
museos y los espectáculos locales con artistas internacionales, la producción editorial y
musical de distribución masiva, demandan inversiones que sólo manejan empresarios
transnacionalizados. Así, la lógica de funcionamiento de los bienes culturales tradicionales
(libros, conciertos y exposiciones de artes plásticas) va asemejándose a la que rige la
producción de DVD, juegos multimedia y paquetes de software: hay que llegar a públicos
masivos, lograr una comercialización acelerada, renovar constantemente los catálogos,
subordinar la innovación lingüística y formal al reempaquetamiento de las imágenes con
éxito probado. Como sabemos, sólo una minoría de artistas y productores culturales accede
a esas gigantescas estructuras de producción, distribución y exhibición, y puede sostener el
ritmo de recuperación económica inmediata y obsolescencia incesante impuesto por el
capital financiero que anima a esos mercados culturales.

¿Qué culturas pueden producir y cuáles logran ser vistas bajo esta lógica? A fines del siglo
XX Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña y Japón abarcaban casi el 60 por ciento de las
exportaciones de bienes culturales en el mundo. El 50 por ciento de las importaciones
también se concentraba en esos países. La aparición reciente de China está modificando,
todavía levemente, este desequilibrio entre las culturas que se producen en el mundo y
quienes las venden, compran y disfrutan.

La situación más inequitativa es la del cine. Italia satisface las necesidades del 17.5 por
ciento de su mercado nacional, España solamente el 10 por ciento, Alemania el 12.5 y
Francia, el 28.2 por ciento. Estados Unidos, en cambio, cubre el 92.5 por ciento de su
mercado nacional, o sea que recibe poquísimas películas de otros países, en tanto hace
predominar su cinematografía en casi todos los mercados externos. (Tolila, 2004)

Si el 85 por ciento de las películas difundidas en las salas de todo el mundo proceden de
Hollywood, el déficit comercial es siempre favorable a Estados Unidos. En América Latina,
disminuyó en las últimas décadas el tiempo de pantalla dedicado al cine europeo (no llega
al 10 por ciento), y cada año el control estadounidense de la producción, la circulación y la
exhibición deja menos espacio al cine latinoamericano. Los estudios sobre consumo
cultural muestran la sintonía de los gustos de las audiencias con los géneros de acción
(thrillers, aventuras, espionaje), que son los mejor cultivados por Hollywood, pero esta
explicación no alcanza para entender su predominio avasallante.

No conocemos otra remodelación global, ni en la industria editorial, ni en la musical, ni en
la televisiva, ni en las artes visuales, que elimine de la circulación internacional a vastas
zonas de la producción cultural y las reduzca a expresiones minoritarias, como ocurre con
cinematografías históricamente tan significativas como la francesa, la alemana y la rusa. En
ningún lugar esta conversión de naciones numerosas, con alta producción artística, en
expresiones culturales menores es tan impactante como en Estados Unidos. Mientras este
país exige absoluta liberación de los mercados, sin cuotas de pantalla ni ninguna política de
protección para las películas nacionales, el sistema de distribución y exhibición
estadounidense combina varios factores para favorecer a los filmes de su país: exención de
impuestos y otros incentivos, la organización semimonopólica de la distribución y la
exhibición (Miller, 2002; Sánchez Ruiz, 2002)

¿Cómo volver sustentable la producción cultural de cada sociedad en esta época de intensa
competitividad, innovación tecnológica incesante y fuerte concentración económica
transnacional? Algunos piensan que, así como para proteger el medio ambiente debe
limitarse el desarrollo guiado sólo por el rédito económico, habría que controlar la
expansión de las megacorporaciones comunicacionales y proteger la producción cultural
endógena de cada nación. Se llega a hablar de una “ecología cultural del desarrollo”: el
patrimonio histórico, las artes, y también los medios y los recursos informáticos, son partes
de la continuidad identitaria, recursos para la participación ciudadana, el ejercicio de las
diferencias y los derechos de expresión y comunicación. En favor de una consideración no
sólo económica del desarrollo cultural, se señala que la cultura y las comunicaciones
contribuyen al desarrollo comunitario, la educación para la salud y el bienestar, la defensa
de los derechos humanos y la comprensión de otras sociedades. Hay una transversalidad de
la cultura que la interrelaciona con las demás áreas de la vida social. (Yúdice, 2004).
Demasiados conflictos actuales se explican, en parte, por haber olvidado que el desarrollo
económico no se reduce a crecimiento, baja inflación y equilibrio en la balanza comercial, y
que el desarrollo social incluye esa dimensión propia de la cultura que es encontrarle
sentido a lo que hacemos.

Esta transversalidad de las culturas con otras zonas de la vida social es un requisito para su
desarrollo sustentable. Para consolidarlo se necesita estimular otras estructuras, otras
lógicas de producción y difusión, que las promovidas por las megacorporaciones. Las
muchas funciones de la cultura no pueden cumplirse si la industria editorial fabrica solo
best sellers de fácil lectura, o la industria cinematográfica asigna el 95 por ciento del
tiempo de pantalla al cine de un único país. Dicho de otro modo: se trata de crear espacios
económicos y circuitos de comunicación para las editoriales independientes, las películas
de muchas culturas y las productoras locales de discos y videos.

Como en otros campos de la producción, los antiguos controles de aduanas o fronteras son
ineficaces en un tiempo de comunicaciones transnacionales y fusiones multimedia entre los
campos editorial, audiovisual y telecomunicacional. Es cuestión, más bien, de generar
condiciones propicias para que, por ejemplo, la enorme producción musical independiente
de América Latina no quede aislada en conciertos y ferias locales. Las políticas públicas y
la banca de desarrollo pueden proporcionar subsidios estratégicos y créditos blandos,
formar en mercadotecnia globalizada a los productores, articularlos en circuitos alternativos
de empresas medianas y pequeñas, favorecer sus viajes y participación transversal en
actividades socio-económicas internacionales (festivales y ferias, mega espectáculos,
turismo, programas de fundaciones y ONG). La cooperación internacional es decisiva para
reconstruir y renovar los aparatos institucionales de los Estados desaparecidos o debilitados
por la liberalización económica (Ocampo: 2005), comprender cuáles son las áreas
estratégicas de la cultura y la comunicación en las que los países latinoamericanos pueden
mejorar su competitividad internacional (algunos en la industra editorial, otros en la
producción de contenidos televisivos, otros en el turismo cultural). Menciono rápido otra
iniciativa que apareció recientemente: ¿podríamos intercambiar deuda por inversión
internacional en programas educativos y culturales?

Una parte clave de estas acciones revitalizadoras es también la de formar públicos
culturales y usuarios de las nuevas tecnologías comunicacionales: o sea, colocar el
aprendizaje de la interculturalidad, la innovación y el pensamiento crítico en el centro de
las acciones educativas. La democratización cultural requiere extender la acción formativa
y facilitadora de los Estados, por ejemplo dotar de computadoras a las escuelas, y también
propiciar lo que George Yúdice llama “una suerte de globalización desde abajo”, apoyada
por la cooperación internacional. La ejemplifica con la Red de Comunicaciones sobre
Desarrollo Sostenible / Sustaniable Development Communications Network (RCDS /
SDCN), que reúne a 17 organizaciones en 13 países, entre ellos Argentina, Costa Rica y
Ecuador. Se trata de un organismo dedicado a generar conocimiento sobre la comunicación
del desarrollo sustentable, incluyendo la experiencia de los países en vías de desarrollo y en
transición. Emprenden actividades comunicacionales conjuntas para hacer participar a
audiencias más amplias; construir entre los miembros la habilidad de comunicar el
desarrollo sustentable a través de nuevas tecnologías comunicativas, y compartir
ampliamente el conocimiento sobre el uso eficiente y efectivo de Internet.

3. Dos décadas de mercados culturales casi enteramente desregulados no han mejorado
la difusión de los libros, ni proporcionan ofertas más diversas de cine o video.
Necesitamos repensar las relaciones de lo que en la cultura es negocio, industria y
servicio.

Luego de las experiencias de apertura económica e intensificación de comunicaciones
internacionales no se aprecia que el mercado “organice” la interculturalidad ampliando el
reconocimiento de las diferencias.

Aquí debemos admitir que la insuficiencia de estudios sobre economía de la cultura no
permite aún construir explicaciones integrales sobre el modo en que las industrias culturales
de América Latina están integrándose a la economía mundial. Los datos disponibles, por
ejemplo en la industria editorial y en la cinematográfica, muestran un desempeño frustrante
a medida que se acentuó la desregulación y el libre comercio. Se vendieron recursos
básicos de producción y circulación de bienes culturales: por ejemplo se cerraron o
transfirieron editoriales a empresas europeas, así como desaparecieron salas de cine, o se
dejaron las nuevas cadenas de multisalas bajo control de distribuidoras estadounidenses,
canadienses y australianas. También sabemos que este proceso ha disminuido la capacidad
productiva en los principales países editores (Argentina y México) y abatió los índices de
venta en el conjunto de la región. En el cine, el descenso de la producción y de la asistencia
a salas – que no se debe únicamente al cambio en la propiedad de los recursos, sino a la
competencia con el video y otros entretenimientos domésticos – mostró una caída vertical
en los años 80 y la primera mitad de los 90; hubo cierta recuperación del número de
películas producidas y del público en los últimos diez años, sin alcanzar las cifras de
períodos previos. Sin embargo, faltan estudios del conjunto del proceso – que hagan jugar
las innovaciones tecnológicas, los cambios económicos y de hábitos de los consumidores –
para alcanzar una visión integral de lo que ha venido ocurriendo.

Algunos datos sobre la declinación del cine mexicano a partir de la firma del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte indican que la liberalización de los mercados no ha
cumplido las promesas de dinamizar la economía en ésta como en otras áreas. Víctor
Ugalde compara los distintos efectos de las políticas culturales con que Canadá y México
situaron su cine en relación con el TLC a partir de 1994. Los canadienses, que exceptuaron
su cinematografía y destinaron más de 400 millones de dólares, produjeron en la década
posterior un promedio constante de 60 largometrajes cada año. Estados Unidos hizo crecer
su producción de 459 filmes a principios de la década de los noventa a 680, gracias a los
incentivos fiscales a sus empresas y al control oligopólico de mercados nacionales y
muchos extranjeros. México, en cambio, que en la década anterior había filmado 747
películas, redujo su producción en los 10 años posteriores a 1994 a 212 largometrajes. “Al
dejarse de producir 532 filmes se creó un brutal desempleo con el consecuente cierre de
empresas, la reducción del pago de impuestos, la subutilización de nuestra capacidad
industrial instalada, la caída de nuestras exportaciones y el incremento de las importaciones
de películas extranjeras” (Ugalde, 2004)

Concluimos de esta comparación que la liberalización del comercio cultural impulsa o
retrasa el desarrollo según se articule o no con políticas de protección nacional. Pero
debiéramos vincular estas dos variables con las modificaciones de los hábitos de consumo
cultural y con otros análisis de la oferta para lo cual existen pocos estudios disponibles.

Son necesarias, asimismo, políticas internacionales apropiadas para esta etapa con leyes
que protejan la propiedad intelectual, su difusión, el intercambio de bienes y mensajes, y
controlen las tendencias oligopólicas. Una sociedad del conocimiento incluyente requiere
marcos normativos nacionales e internacionales y soluciones técnicas que respondan a las
necesidades de cada sociedad, oponiéndose a la simple comercialización lucrativa de las
diferencias o su subordinación a gustos internacionales masivos. Por eso, es necesario que
las industrias culturales no se organicen sólo como negocio sino también como servicio.

La falta de legislación actualizada para el uso del patrimonio y para la expansión de las
industrias culturales está favoreciendo hoy a los actores transnacionales mejor preparados
para aprovechar la convergencia digital con bajo costo en producción (ediciones masivas,
manejo de satélites, doblaje o traducción simultánea). La demora en establecer políticas
regulatorias claras en estos campos coloca a todos los países ante el riesgo de que las
decisiones de la Organización Mundial del Comercio o los acuerdos de libre comercio
regionales, al igualar las inversiones nacionales y extranjeras, ilegalicen los intercambios
horizontales y coproducciones preferenciales entre naciones débiles. De poco vale que
exaltemos la creatividad de los pueblos y los artistas, o la riqueza de la diversidad cultural,
si permitimos que los derechos de autor de los individuos y de las comunidades sean
subsumidos bajo las reglas de copyright, dejando que los beneficios generados por la
creatividad sean apropiados por las megaempresas que manejan el derecho de copia.

¿Qué podemos esperar del incremento de conexiones informáticas? Ni desaparición de las
diferencias socioculturales, ni una radical reducción de las inequidades del desarrollo
cultural. Reducir la brecha digital puede aminorar ciertas desigualdades derivadas del
acceso dispar a los mensajes y bienes ofrecidos en el ciberespacio: en este sentido, una de
las esperanzas de América Latina es que, si bien somos una de las regiones menos
conectadas a las redes digitales, mostramos el ritmo más veloz en el crecimiento de hosts y
de internautas. Pero además de los datos cuantitativos es preciso considerar que una
distribución menos desigual de la riqueza mediática y digital implicaría mayor
multilingüismo y policentrismo, crear posibilidades de acceso para los amplios sectores sin
recursos económicos o con lenguas y saberes poco cotizados. Todo esto requiere considerar
a las industrias culturales no solo como negocio sino como servicio.

La valoración simultánea de los medios como industrias, comercio y servicio tiene una
larga historia. Jürgen Habermas, Nicholas Garnham y John Keane han descrito la
importancia de la prensa y la radio como servicios para que en los países europeos se
construyera una esfera pública de ciudadanos. Desde principios del siglo XX la escena
pública fue vista como un espacio desde el cual luchar contra los Estados despóticos, contra
los abusos y arbitrariedades de dictadores que sometían la vida social y económica a sus
intereses privados. Luego, se erigió lo público como defensa de lo social frente a la
voracidad monopólica de grandes empresas y sus amenazas a la libre comunicación entre
ciudadanos. En América Latina los estudios de Jesús Martín Barbero y Rafael Roncagliolo,
entre otros, también muestran que la prensa y la radio contribuyeron al desarrollo moderno
al configurar una esfera ciudadana que delibera con independencia del poder estatal y del
lucro de las empresas.

La defensa de lo público generó espacios emancipatorios, donde creció la información
independiente, se legitimaron las demandas de la gente común y se limitó el poder de los
grupos hegemónicos en la política y los negocios. ¿Cómo revitalizar ahora el sentido
público de la vida social? En la medida en que esto depende de las políticas culturales y
comunicacionales, es evidente que no lo lograremos sólo a partir de los Estados. La
creación de sitios multidireccionales, diversificados y de comunicación abierta, promovidos
y gestionados desde focos heterogéneos de la vida social, tal como se manifiestan en
Internet, hace pensar en otros tipos de espacios o esferas públicas. Están participando en
ellos gobiernos, empresas y movimientos socioculturales independientes.

Así, la industrialización de la cultura hace posible ampliar el mapa de las comunicaciones,
sitúa en la conversación internacional más voces y relatos, músicas e imágenes, que en
cualquier otra época. Los beneficios de la cultura trascienden la danza de cifras, los
millones de públicos y regalías. Las relaciones entre cultura y desarrollo no se reducen a los
balances economicos de productores, distribuidores y exhibidores. Otra historia se insinúa:
la de los pobres en información, los que sólo tienen acceso a espectáculos gratuitos, los que
crean pero no ingresan a las estadísticas del rating. A veces se comunican a lo lejos gracias
a Internet o a que una desgracia de grandes números pone por unos días sus pedidos de
solidaridad en los medios. El mundo está organizado para que la resonancia de esas
historias más secretas sea poco sustentable. Pero su continuidad sigilosa sigue formando
parte de las relaciones entre cultura y desarrollo.

Finalmente, el vínculo de la cultura con el desarrollo es valorable por su modo de construir
ciudadanía. Junto a los derechos económicos de las empresas hay que considerar los
derechos culturales de los ciudadanos. En una época de industrialización de la cultura, estos
derechos no se limitan a la protección del territorio, la lengua y la educación. El derecho a
la cultura incluye lo que podemos llamar derechos conectivos, o sea el acceso a las
industrias culturales y las comunicaciones. Un estudio realizado por la CEPAL y el
Instituto Interamericano de Derechos Humanos analiza el derecho a la diferencia junto con
los derechos de integración y la equidad, con “la participación relativa en las diversas redes
de intercambios” (CEPAL-IIDH, 1997:38). Se alejan de la definición mínima de derechos
de sobrevivencia o registro de indicadores de pobreza, que aíslan estos fenómenos de los
procesos de desigualdad que los explican.

En consecuencia, reubican estos conceptos – como demostró Amartya Sen, construidos
desde la problemática de la “desposesión absoluta” – en el campo de la ciudadanía. El
“umbral de la ciudadanía” se conquista no solo obteniendo respeto a las diferencias sino
contando con los “mínimos competitivos en relación con cada uno de los recursos
capacitantes” para participar en la sociedad: trabajo, salud, poder de compra, y los otros
derechos socioeconómicos junto con la “canasta” educativa, informacional, de
conocimientos, o sea las capacidades que pueden ser usadas para conseguir mejor trabajo y
mayores ingresos (ibíd: 43-44). El acceso segmentado y desigual a las industrias culturales,
sobre todo a los bienes interactivos que proveen información actualizada, ensanchan “las
distancias en el acceso a la información oportuna y en el desarrollo de las facultades
adaptativas que permiten mayores posibilidades de integración socioeconómica efectiva”
(ibíd :38)

La ciudadanía, o su contrario: la exclusión, según este estudio de CEPAL y el IIDH, es
resultado de la correlación entre “los índices de concentración de las oportunidades de
acceso a otros recursos capacitantes” (ibíd.: 46) El estudio concluye que la imbricación de
los derechos económicos, sociales y culturales, o sea su realización complementaria
englobada bajo la noción ampliada de ciudadanía, coloca en el Estado la responsabilidad
principal por su cumplimiento.

Formar públicos y formar ciudadanos: en tiempos de industrialización de la cultura y de
videopolítica ambas tareas se combinan. No se justifica separar el entretenimiento de la
información, ni el negocio industrial de los servicios a la sociedad. Las nuevas destrezas
necesarias para obtener un trabajo calificado se entrelazan con los consumos culturales de
formato digital, y ambos con el uso de redes tecnológicas avanzadas para comunicar
masivamente las demandas sociales. Tener cultura y tener desarrollo son hoy actividades
complementarias. Implican a la vez convivir en la diferencia, no sólo crecer sino hacerlo
juntos y con mayor equidad. Pero estos dos objetivos de la primera modernidad se
complejizan en un mundo organizado para interconectar y excluir. Todos quedamos
implicados: economistas, promotores culturales y educadores; empresarios, Estados y
consumidores-ciudadanos, comunicadores, especialistas en informática y políticos. De la
manera en que articulemos nuestros derechos y compromisos dependerá que en la cultura
las diferencias se conviertan para unos en privilegios y para otros en estigmas, que la
competencia capaz de impulsar el desarrollo no excluya la solidaridad.





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